“...En efecto, la condena por dicho ilícito [asesinato] tiene fundamento jurídico, pues se acreditó que el procesado integraba una organización criminal y que para el caso de mérito, se concertó para cometer el delito de asesinato, además que mediante dicho extremo se acredita que tenía el dominio funcional del hecho por división del trabajo, lo que demuestra un común acuerdo delictivo entre las partes. La acción realizada por el acusado para el desarrollo común del delito de asesinato, evidencian que tenía claro cuál era la finalidad de la acción en la que participó como autor, y denota un claro compromiso con el delito cometido.
En la misma forma se aprecia la comisión del delito de intermediación financiera en grado de tentativa, pues se acreditó la cancelación por orden de autoridad judicial competente de la entidad BanCastillo y de la cual el sindicado era el representante legal. La cancelación de aquella entidad determina que, la misma se había creado sin estar autorizada de conformidad con la ley, y por consiguiente también impidió que realizara las actividades descritas en la ley como delito de intermediación financiera, por lo que es correcto calificar el hecho en grado de tentativa en la que participó como autor...”